Carlos Loret de Mola
Historias de reportero
27 de mayo de 2010
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La trampa en los terrenos de la refinería
Varios escalones teotihuacanos y unos montículos ancestrales aún cubiertos de tierra y hierbas, podrían pasar inadvertidos como una más de las 140 mil zonas arqueológicas que existen en México, salvo porque ésta en particular —la de San Miguel Chingú en Hidalgo— está asentada sobre las hectáreas que el gobierno de Miguel Ángel Osorio dio a Pemex como utilizables para construir la Refinería Bicentenario, y en realidad no tienen aún el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Han pasado casi 10 meses desde que se anunció que la zona de Tula se había llevado el proyecto energético del sexenio y aún no se ha colocado piedra sobre piedra. ¿La razón? Los terrenos no eran lo que había dicho el gobierno local; en ellos se hallaron vestigios que datan de hace mil 500 años y que por ley deben ser preservados.
Cuando comenzó la puja entre varios estados de la República para albergar el recinto petroquímico que significa una inversión de 10 mil millones de dólares, uno de los requisitos era entregar 700 hectáreas ya regularizadas para que de inmediato pudiera comenzar la obra. En la recta final de la carrera por obtener el proyecto, los gobiernos de Hidalgo y Guanajuato peleaban justamente por terminar de adquirir los títulos de propiedad de los últimos tramos de tierra implicados.
El 12 de agosto del año pasado, el gobierno federal anunció que la administración del priísta Osorio Chong ganaba, que había completado la cesión de propiedad de las 700 hectáreas a Pemex. Sin embargo, el gobernador y sus colaboradores no verificaron con el INAH los permisos de construcción, y resultó que el instituto tiene registrada una zona arqueológica en el lugar, que podría estar en riesgo frente al megaproyecto.
Si el presidente Calderón quiere, tranquilamente puede inhabilitar el fallo a favor de Hidalgo argumentando que Pemex fue engañado, pues le dieron por hectáreas libres para uso unas que no lo eran. Y de inmediato —así quedó establecido desde un inicio— otorgar la inversión a Guanajuato, que tiene como mandatario estatal a su compañero de partido, el panista Juan Manuel Oliva.
La otra alternativa es que instruya que el INAH y Petróleos Mexicanos arreglen el desaseo de la administración hidalguense y que la Bicentenario sea la primera refinería con zona arqueológica integrada, lo que implicaría además un esfuerzo de vigilancia y cerco muy acucioso para las autoridades de Antropología, y la reposición de las hectáreas inutilizables.
El asunto arroja una vez más un interesante dilema económico, legal y de profundo impacto político en tiempo de disputas electorales, dentro de la que está incluida la de Hidalgo, que elige nuevo gobernador en 38 días.
SACIAMORBOS. La dos.
Historias de reportero
27 de mayo de 2010
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La trampa en los terrenos de la refinería
Varios escalones teotihuacanos y unos montículos ancestrales aún cubiertos de tierra y hierbas, podrían pasar inadvertidos como una más de las 140 mil zonas arqueológicas que existen en México, salvo porque ésta en particular —la de San Miguel Chingú en Hidalgo— está asentada sobre las hectáreas que el gobierno de Miguel Ángel Osorio dio a Pemex como utilizables para construir la Refinería Bicentenario, y en realidad no tienen aún el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Han pasado casi 10 meses desde que se anunció que la zona de Tula se había llevado el proyecto energético del sexenio y aún no se ha colocado piedra sobre piedra. ¿La razón? Los terrenos no eran lo que había dicho el gobierno local; en ellos se hallaron vestigios que datan de hace mil 500 años y que por ley deben ser preservados.
Cuando comenzó la puja entre varios estados de la República para albergar el recinto petroquímico que significa una inversión de 10 mil millones de dólares, uno de los requisitos era entregar 700 hectáreas ya regularizadas para que de inmediato pudiera comenzar la obra. En la recta final de la carrera por obtener el proyecto, los gobiernos de Hidalgo y Guanajuato peleaban justamente por terminar de adquirir los títulos de propiedad de los últimos tramos de tierra implicados.
El 12 de agosto del año pasado, el gobierno federal anunció que la administración del priísta Osorio Chong ganaba, que había completado la cesión de propiedad de las 700 hectáreas a Pemex. Sin embargo, el gobernador y sus colaboradores no verificaron con el INAH los permisos de construcción, y resultó que el instituto tiene registrada una zona arqueológica en el lugar, que podría estar en riesgo frente al megaproyecto.
Si el presidente Calderón quiere, tranquilamente puede inhabilitar el fallo a favor de Hidalgo argumentando que Pemex fue engañado, pues le dieron por hectáreas libres para uso unas que no lo eran. Y de inmediato —así quedó establecido desde un inicio— otorgar la inversión a Guanajuato, que tiene como mandatario estatal a su compañero de partido, el panista Juan Manuel Oliva.
La otra alternativa es que instruya que el INAH y Petróleos Mexicanos arreglen el desaseo de la administración hidalguense y que la Bicentenario sea la primera refinería con zona arqueológica integrada, lo que implicaría además un esfuerzo de vigilancia y cerco muy acucioso para las autoridades de Antropología, y la reposición de las hectáreas inutilizables.
El asunto arroja una vez más un interesante dilema económico, legal y de profundo impacto político en tiempo de disputas electorales, dentro de la que está incluida la de Hidalgo, que elige nuevo gobernador en 38 días.
SACIAMORBOS. La dos.
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